El lado oscuro de la investigación en España

En la política científica que sigue practicándose en España funciona aquella observación de Baruch, según la cual «Si todo lo que tiene es un martillo, cualquier cosa que vea le parecerá un clavo». Sustituyan martillo por inversión en I+D, y clavo por investigador, y ya tendremos un tema para discutir.

Si se paran a pensarlo, la única aproximación que se plantea en este asunto es económica: becas, dinero para proyectos, subvenciones institucionales... Nadie se detiene a pensar si eso es lo único que hay que hacer, porque la opinión pública, al igual que la opinión publicada, no tiene paciencia para los matices. Y lo que es peor, ni se propone tenerla.

Al fin y al cabo, cualquier veredicto sobre la materia debe ser tan largo como un tuit, y para ser atendido, ha de incluir términos como suicidio científico, austericidio, insensibilidad del Gobierno o situación desesperada. De hecho, la amplitud de este mismo artículo provocaría una indigestión a los coleccionistas de consignas, incapaces de ahondar en un problema como éste, con más de una faceta y con más de una solución.

El activismo y el compromiso incondicional se llevan mal con los claroscuros, y no soportan los análisis que superen los dos párrafos de extensión.

Precisamente por nuestro empeño en simplificarlo todo, los españoles tenemos la impresión de que el Gobierno es una entidad mágica, capaz de influir enormemente sobre nuestras vidas y nuestras decisiones. Nuestra fe en el voluntarismo político es tal, que no dudamos en acusar a este o a aquel presidente de haber arruinado nuestro futuro en una sola legislatura, o de haber sido incapaces de modificar nuestro sistema productivo, que como todo el mundo sabe (¡menudos somos!), no debería estar basado en el ladrillo ni en el turismo, sino en la tecnología punta y la investigación más vanguardista.

Este último mantra, por cierto, lo repiten los mismos medios de comunicación que –mire usted por dónde– eliminaron sus secciones de Ciencia, o las mantienen con un gota a gota de sensacionalismo, curiosidad de andar por casa y eso que la prensa llama "política científica" (es decir: un catastrófico memorial de agravios contra el adversario electoral, ilustrado con bonitas fotos de laboratorio).

Por eso mismo, no es de extrañar que, en el mercado de las ideas que se han perpetuado desde los titulares durante la crisis, haya tenido especial fortuna el recorte en la I+D+i.

¿Matices? ¿Un debate en profundidad? ¿Autocrítica por parte de todos los sectores implicados? ¿Desmentido de ciertas falsedades que se repiten desde el bando de "los buenos"? ¿Un plan de viabilidad a largo plazo? Que nadie lo espere.

La tormenta perfecta

De la noche a la mañana, nos levantamos con mucho más paro y con una deuda pública y privada descomunal, que aún genera un deprimente pago de intereses. El obsceno derroche de las instituciones y la vulnerabilidad de nuestro tejido productivo explican parte de ese drama, del que saldremos con bastantes cicatrices y quién sabe si con la lección aprendida.

Durante la última legislatura del Gobierno Zapatero, se emprendieron las primeras medidas para la contención de ese gasto público desbocado. En el terreno que nos ocupa –la I+D+i del sector público estatal–, ello supuso en 2009 la congelación de las inversiones, y en 2010 una restricción del 15 % del dinero público destinado a organismos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (Ciemat).

Tras la llegada al poder del PP, y con la amenaza por parte de Bruselas de una intervención a la griega, esas medidas se volvieron más dramáticas. En diciembre de 2011 se anunció un nuevo recorte del 8%, con lo que la cifra se redujo a 8.600 millones de euros (5.200 destinados a créditos, y 3.400 de subvenciones y transferencias).  

El año más duro de la crisis, 2012, se saldó con un recorte aún mayor: 6.400 millones en I+D, un 25,5% menos que el año anterior: unos 2.200 millones de reducción.

Cualquier persona sensible, al leer, año tras año, la misma noticia en los periódicos, puede comparar esos recortes progresivos con el derroche en otras materias, y sentirse agraviado con toda la razón del mundo.

Lo pueden oír en la barra del bar o leerlo en las redes sociales: "¿Cómo es posible que destinen tanto dinero a rescatar el sistema financiero o a los propios partidos políticos, y no paguen a los científicos que investigan sobre el Alzheimer? ¡Lo que quieren es arruinar a este país, y convertirnos a todos en unos ignorantes!".

Casi todos sentimos repugnancia ante el dispendio del dinero público o ante la corrupción, y en un momento de escasez, a la vista de ciertas portadas, parece inadmisible que un científico deba emigrar mientras que la partitocracia (en sus diecisiete avatares autonómicos) conserva sus privilegios...

Sin embargo, a la hora de formarnos una opinión sobre la materia, preferimos la demagogia a la reflexión, y las explosiones de ira al análisis constructivo. Para empezar, solemos olvidar dos detalles que no son pequeños.

Primero: nuestra capacidad de gasto se ha reducido más allá de lo imaginable, y eso nos obliga a buscar soluciones que no siempre deben basarse en el aumento de fondos públicos. Y segundo, aunque sea doloroso decirlo, la I+D+i no ha estado libre ni del derroche ni de la corrupción. Es más, hay mucho que decir sobre el sistema de castas que impera en la universidad y en el mundo cultural. Quizá, después de comprobar algunos detalles, dejemos de creernos ciertas portadas que hablan de lo poco que han invertido e invierten los gobiernos centrales (olvidando a los autonómicos, que también tienen mucha responsabilidad en la materia).

Y es que, atención: a la hora de hablar de investigadores, no solo nos referimos a quien desarrolla pruebas genéticas en la lucha contra el cáncer. La investigación también abarca las Humanidades y las Ciencias Sociales. Por citar un caso: el Área de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC incide en materias como "Justicia y ciudadanía", a partir de la cual se estudian e imparten cursos sobre fenómenos como "Migraciones y multiculturalismo" o "La feminización de las migraciones".

En el imaginario popular, el personal científico es el que usa microscopio, pero en la realidad, también se abarca con ese término a quienes ocupan una plaza en el CSIC, investigando en áreas como "Política comparada y políticas públicas" o "Movimientos poblacionales y relaciones interétnicas".

Como ven, al hablar de I+D nos vamos deslizando hacia un entorno complejo, en el que la bipolaridad de la prensa española acaba perdiéndose.

La (maldita) faceta socioeconómica de la investigación

El brindis al sol de un nuevo modelo productivo, impulsado por la investigación y la innovación, fue consagrado en mayo de 2011 por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Materia prima no nos falta: en España hay investigadores magníficos, reconocidos internacionalmente, cuyo trabajo debería ser mucho más aplaudido entre nosotros. Tampoco escasean las infraestructuras. Y desde luego, si incluimos las autonómicas, si algo no nos faltan son instituciones y organismos de todo tipo y condición relacionados con la I+D.

Entonces... ¿cuál es el problema para que ese motor español no haya carburado de forma conveniente?

Ni los políticos ni la prensa se han parado a responder una pregunta esencial: ¿Qué es más importante? ¿Que nuestros científicos publiquen en Nature o en Science, o que sean capaces de transferir conocimientos al sector productivo? ¿Puede un país modesto como el nuestro destacar tanto en la ciencia básica –que no se pone como objetivo inmediato una aplicación concreta– y perder de vista su impacto económico y social?

Obviamente, los culpables de esto último no son los propios científicos, sino el ecosistema político y burocrático en el que deben moverse. Y sí, todos hemos visto en los medios casos de excelencia: hallazgos espléndidos, y sumamente necesarios, llevados a cabo por españoles. Pero el problema es que destacamos en algo muy costoso –repito: la investigación básica–, cuyo aprovechamiento no nos beneficia económicamente a nosotros, sino a otros países, capaces de conectar esos descubrimientos con aplicaciones comerciales.

Por su puesto que la utilidad social o empresarial es un baremo que no puede abarcar toda esta materia, pero lo que no debería hacerse es ignorarlo en nombre de intereses gremiales.

Cualquiera que esté familiarizado con el entorno académico e investigador puede evaluar por sí mismo un dato: el empeño en publicar en revistas como las mencionadas se confunde, demasiadas veces, con la excelencia científica.

"El problema – dice Elena Castro, investigadora en el Instituto de Gestión e Innovación del Conocimiento– estriba en la estructura productiva que tenemos. Si está muy basada en sectores que no dependen de la ciencia, como es la construcción, tienes mucha población ocupada de ese sector, que era el que estaba subiendo. Algunos estábamos asustados de ver cómo se estaba incrementando la construcción, que no puede ser un sector eterno porque llega un punto en que no tienes más espacio para construir. (...) En España la inversión pública en I+D está más o menos bien. Donde estamos realmente bajísimos es en la parte empresarial: nuestras empresas no investigan nada, y ahora menos. Tenemos un desequilibrio muy grande porque el peso de sectores como la construcción o el turismo, donde no es preciso tanto esfuerzo relativo en investigación, ha sido excesivamente alto, mientras que otros para los que la investigación es imprescindible -farmacia, informática o electrónica- no tienen tanta presencia. Cada sector tiene unas necesidades de conocimiento diferentes."

La pregunta que hay que hacerse entonces es: ¿puede un Gobierno (uno por encima de otros diecisiete) cambiar esta situación sin el concurso de las empresas y la sociedad civil? ¿Está preparada la casta universitaria española para abanderar ese cambio?

El sectarismo y los aprendices de brujo

En la dialéctica periodística, la correa de transmisión ideológica ha ido impregnando todas las opiniones. Según ese criterio, dado que todo, incluida la moral, depende de la política, también la política es susceptible de solucionarlo o estropearlo todo.

En un país con tan escaso sentido de pertenencia como el nuestro, la identidad partidista adquiere un peso substancial. Vistos en esta clave, los recortes en ciencia son todo un filón para los opinantes y tertulianos críticos con el actual Gobierno (aunque estos ignoren olímpicamente quién es Richard Dawkins, hayan olvidado cómo se hace una división o jamás hayan visto un solo episodio de Cosmos).

El periodismo es una profesión trágicamente deteriorada por el clientelismo político y por la endogamia. Si a ello le sumamos que, sobre todo en internet, el gobierno del adversario equivale a una dictadura contra la que hay que luchar por todos los medios, y que cualquier mensaje de más de dos párrafos es inadmisible, entenderemos por qué los mismos medios que ningunean a los grandes divulgadores científicos, o publican noticias de ciencia con errores garrafales, acogen con gran entusiasmo a quienes, a la hora de hablar de esta cuestión, sostienen que lo único que falla es la inversión del Gobierno central.

Las movilizaciones convocadas por el colectivo Carta por la Ciencia –con toda su carga de razones– han recibido más atención mediática que muchos éxitos de nuestros investigadores. Por motivos que a nadie se le ocultan, un descubrimiento en biotecnología o un avance en ingeniería son menos rentables, en términos políticos, que una fotografía de investigadores con pancartas contra el Gobierno (El impacto mediático es perfecto: si los científicos, símbolo de la Ilustración, se oponen a un gobernante, eso confirma, en términos imaginarios, que éste solo representa a la España castiza, caciquil y solanesca).

Y sin embargo, esa preferencia a la hora de escoger noticias forma parte del gran problema de la investigación en España: no tenemos sentido de Estado.

Hemos llegado a tal grado de distorsión propagandística –o de estupidez cainita, si lo prefieren–, que uno llega a leer afirmaciones como que la excelencia es de derechas –"Los investigadores no deben competir", dicen. "Eso se queda para Pau Gasol"–. También se repite que la escasa transformación del conocimiento en innovación empresarial es algo de lo que hay que desentenderse, porque reconocerlo sirve a las tesis del PP.

¿Empresas invirtiendo en la universidad, como en Alemania o Estados Unidos? Para más de uno, eso sería tanto como un sacrilegio neocon. ¿Inversión privada en I+D? Dado que la actividad empresarial está demonizada, es preferible reclamar ese papel solo al Estado.

Y sin embargo, pese al triunfo de esos tópicos infantiles, el sentido común señala como problema que la ciencia académica pierda su enfoque social. Teniendo en cuenta que se financian con nuestros impuestos, ¿acaso no es grave que los avances de las universidades y de los laboratorios españoles no estén demandados por el sector empresarial?

La inversión en I+D ha de ser la adecuada, e incluso crecer, pero antes no iría mal un serio análisis de cómo se ha gastado y de cómo se gasta. Para empezar, como veremos en la última parte del artículo, a lo mejor tenemos que replantearnos si realmente invertimos poco, o si en realidad lo que ocurre es que gastamos mucho pero infructuosamente y de forma invisible para la sociedad. Adelanto una pista: piensen en el número de universidades que hay en España –llenas de catedráticos cuyo generoso sueldo les obliga a investigar–, y compárenlo con el de cualquier otro país avanzado. La sorpresa está asegurada.

El liderazgo en investigación

La inteligencia y preparación de nuestros científicos choca con varios problemas. Para empezar, hacen falta muchas más figuras capaces de crear escuela: líderes dispuestos a rodearse de los mejores, apoyando a sus equipos contra viento y marea.

Por desgracia, abunda otro fenómeno que resumiré con una anécdota. Hace años, un joven investigador me mostró su primera publicación. Un manual de robótica. Cuando le pregunté por qué el libro lucía en su portada la firma tres autores, me contestó que eran sus profesores. ¿Hace falta explicar que él era quien había redactado todo todo el texto?

A la hora de repartir los fondos públicos y de llevarse ciertos honores, nuestra investigación ha padecido, históricamente, el caciquismo y los enchufes. En el terreno científico, este grave inconveniente ha ido atenuándose –aunque no haya desaparecido, ni mucho menos–, pero en el cajón de sastre que son las Humanidades y las Ciencias Sociales, el grado de corrupción del sistema corre paralelo a la endogamia universitaria.

Todos los vinculados a ese ámbito sabemos que hay más de un proyecto mediocre que nunca obtendría patrocinio privado o fondos de organismos como The Human Frontier Science Program (HFSP). Sin embargo, el singular esquema universitario español permite que ese proyecto salga adelante.

El factor humano, de nuevo, es el causante de esa distorsión... y del consiguiente dispendio de fondos públicos.

La evaluación del impacto de la inversión en ciencia

La economista Julia Lane, creadora y fundadora del programa Star Metrics, forma parte del equipo que, bajo las órdenes del Gobierno federal, dirige el desarrollo del sistema nacional de I+D en Estados Unidos. Lane, entrevistada por Eva Rodríguez para SINC, explicaba hace unos meses algunas exigencias y paradojas de la I+D que nuestra prensa no suele tomar en consideración.

En primer lugar, su equipo realiza evaluaciones muy serias de la eficacia y el rendimiento científicos. "Hemos creado el proyecto denominado R+D Dashboard –señala– al que se puede acceder a través de internet. Pinchando en el mapa de Estados Unidos, permite localizar instituciones científicas por regiones, por áreas temáticas, consultar su número de patentes, etc. Desde cualquier parte del mundo se puede saber, por ejemplo, qué se está haciendo en Ohio sobre un tema científico y en un centro de investigación concreto."

"El argumento clásico de los economistas –explica Lane– determina que la inversión en I+D generó tres cuartas partes del crecimiento económico en los Estados Unidos en los años 90. Sin embargo, existen casos de países que han invertido en I+D y no han tenido ese impacto económico esperado. En un artículo hablo de la experiencia japonesa y sueca, que han gastado mucho dinero en innovación y no han visto resultados. La mayoría de la gente cree que la I+D es como una caja negra, que pones dinero dentro y por arte de magia genera riqueza. Puedes pensar que si gastas el 3% de tus fondos en I+D va a suceder algo maravilloso, pero no es así. Antes debes tener claro por qué vas a invertirlo y en qué. Para ello hay que entender cómo afectan las inversiones en las actividades de los científicos."

Cortijos en la universidad

Supongo que algún lector me criticará que ponga en el mismo cesto universidad y centros de investigación, pero para lo que aquí nos importa, que es la idoneidad de las inversiones públicas, el paralelismo funciona, porque ese dinero recae, muy especialmente, en las facultades.

Hubo un tiempo en el que los catedráticos accedían a su plaza tras una dura oposición. En la actualidad, para ser catedrático, uno debe superar unas pruebas de habilitación ante el tribunal: una exposición de méritos, a la que sigue un segundo ejercicio, la exposición de un proyecto de investigación.

En más de una oportunidad se ha discutido cómo se forman esos tribunales, incidiendo en el riesgo de endogamia. El problema es que esta última se advierte, todavía en mayor grado, en la formación de los departamentos.

A diferencia de lo que sucede en otros países desarrollados, nuestros profesores estudian y se doctoran en la misma facultad, con el resultado de que algunos acaban trabajando en ella, como funcionarios vitalicios. La antigüedad o las relaciones prevalecen sobre los méritos investigadores. La movilidad es una quimera, y se fomenta la posibilidad de ascender por méritos de naturaleza no académica (No es una caricatura. Hagan la prueba de comprobar los apellidos que se repiten en algunos claustros).

En las universidades norteamericanas, esto se evita con la siguiente regla: los departamentos no pueden contratar a quienes se han doctorado en ellos. Estos candidatos deben competir en el mercado educativo, luchando por su plaza en otros centros. Es más, lo ideal es que incluso el licenciado realice el doctorado en otra universidad distinta a la suya, y lo mismo rige para las estancias posdoctorales.

No dudo de que muchos integrantes de los tribunales de selección españoles, ante una plaza convocada, cumplan con su cometido honradamente. Pero ¿no les parece que habría que evitar la alternativa entre escoger a un buen candidato y favorecer a quien se ha doctorado en el propio departamento?

Endogamia, enchufismo y nepotismo

En términos reales, la universidad española no fomenta la competencia entre sus docentes e investigadores, ni penaliza a quienes no cumplen con su función. Al final, la endogamia adquiere nuevas formas, pero se perpetúa.

"Actualmente –escriben en El País Juan J. Dolado, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y Gonzalo Rubio, de la Universidad CEU Cardenal Herrera–, ausentes los incentivos de nuevas contrataciones competitivas, resulta más sencillo para muchos departamentos contratar a sus propios licenciados, integrándolos en sus mediocres programas de doctorado con el objetivo de que algún día alcancen la acreditación en las agencias autonómicas. En un sistema sin penalización a la falta de competitividad, se les ofrecen a estos jóvenes contratos laborales indefinidos (si bien muy mal remunerados) a cambio de generar deudas no perecederas a través de sus votos cautivos. Además del mecanismo de selección adversa (los mejores alumnos suelen dejar la carrera académica), son muy perjudiciales los casos en que, con ocasión de la jubilación de algún catedrático o profesor titular, no se sacan dichas plazas a concursos abiertos y competitivos, cubriéndose la carga lectiva de los jubilados mediante este tipo de contratos. Ello genera una ausencia preocupante de rotación en el profesorado y una incapacidad generalizada de contratar doctores procedentes de los mejores programas de postgrado nacionales y, sobre todo, internacionales."

En esa misma línea de pensamiento, si reflexionamos sobre el sistema electoral que rige en nuestras facultades, ¿qué excelencia puede exigir un rector que debe hacerse valer entre quienes le votan en unas elecciones?

En definitiva, ¿qué se puede hacer para combatir la mediocridad cuando el entorno y el proceso selectivo la fomentan?

José Adolfo de Azcárraga, catedrático de Física Teórica en la Universitat de València, respondía a unas preguntas de Kristin Suleng para El País. Su primera afirmación es todo un diagnóstico: “El hecho de que España no haya conseguido ni un solo premio Nobel desde que Ramón y Cajal lo ganara en 1906 tendría que hacer meditar cuando las universidades hablan de excelencia académica”.

"España –añade Azcárragatiene demasiadas universidades: 50 públicas, 29 privadas, y 236 campus universitarios. No hay economía que pueda soportarlo. El Estado de California, con mayor PIB, cuenta con diez universidades públicas. La filosofía de que toda comunidad autónoma tenga una universidad en cada pueblo ha sido perniciosa, porque la competencia entre universidades con iguales estudios supone un despilfarro innegable. La sociedad debería apreciar que es mucho mejor para sus jóvenes estudiar en una buena facultad que en una mediocre, por muy a la puerta de su casa que esté. Es mejor y menos costoso dar becas para desplazarse que crear universidades. En Estados Unidos, el 70% de los alumnos cambia de ciudad mientras estudia y en el Reino Unido el 55%, pero en España el 7%. Esa falta de movilidad produce una indeseable cantonalización del país, de manera que la mayoría de los jóvenes conoce más Londres o Florencia que cualquier otra región española."

¿Gastar mucho y mal o gastar menos y con más eficacia?

"La financiación es importante pero, siendo un gran problema –continúa Azcárraga–, no es el problema. En 2010 el sector de I+D representó sólo el 1.39% del PIB, un 0.39% en la enseñanza superior. Las universidades y el CSIC llevan años recortando capital humano, especialmente joven. Lo peor que les sienta a las instituciones científicas es la ducha escocesa, pasar de periodos de bonanza a periodos de estrechez: en la bonanza no siempre seleccionan a los mejores y en la escasez pierden a los mejores. Pero las universidades no están exentas de culpa. Han contribuido a su difícil situación, porque durante la expansión económica crearon nuevos estudios innecesarios y acometieron gastos inconvenientes en muchos casos."

Coloquialmente, la palabra chiringuito es un muy útil para definir fenómenos que uno puede adivinar siguiendo el razonamiento del profesor Azcárraga.

Sí, es cierto: si ceden a ciertas inercias, los departamentos universitarios pueden convertirse en chiringuitos, y determinados institutos de investigación pueden adoptar las mismas costumbres.

Y cuando hablo de costumbres, me refiero, por ejemplo, a fórmulas para que las subvenciones fluyan sin necesidad de –digámoslo delicadamente– un gran esfuerzo investigador por parte de nadie.

Eso por no hablar del modo en el que nuestra administración pública se ha expandido, sobre todo a nivel autonómico, en una infinidad de fundaciones para la excelencia científica, observatorios para la investigación, agencias del conocimiento, fundaciones para la innovación y el desarrollo, consorcios autonómicos para la investigación y demás organismos que, sigla a sigla, engrosan los descomunales títulos de crédito de nuestra función pública.

Como decía Galdós, España es un país en el que alguien se pone a hacer una cosa, y veinte se ponen a mirarle. Solo que en este caso, cobran por mirar.

¿Una universidad maltratada por los políticos?

Entrevistado por Juan Miguel Suay Berenguer, Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y director del Master Periodismo y Comunicación Científica que imparte dicha universidad, valora cómo han tratado a la Universidad los distintos gobiernos.

"¡Creo que la han tratado demasiado bien! –explica Zamora– Han fomentado la construcción de, como han dicho por ahí exagerando un poquito, “la universidad de la esquina” en cada barrio y en cada pueblo. Han creado una casta de profesores funcionarios acostumbrados a no tener que rendir cuentas de los resultados de su trabajo, y dejando entrar a muchos que no eran los candidatos óptimos, lo que ha creado un “tapón” para generaciones de candidatos mejor preparados. También han fomentado (o al menos, no han hecho nada para impedir) la cultura del esfuerzo nulo entre el alumnado, facilitando el ingreso sin casi ningún filtro, y poniendo a los profesores entre la espada y la pared con la amenaza de que, si suspendemos a muchos estudiantes, nos quedamos sin alumnos y nos cierran la facultad. ¡Si esto no es “tratar bien” a la tribu de los universitarios...! El problema es si esto era para lo que la sociedad necesitaba tener una universidad. En mi opinión, dos tercios de la universidad española actual deberían ser reconvertida en centros de formación profesional de grado superior, y el resto debería ser muy exigente con los alumnos y los profesores, tanto para el ingreso de ambos, como para la evaluación de sus resultados. Piénsese que, por ejemplo, en Finlandia, un país que tanto envidiamos por su sistema educativo, y con una de las rentas per cápita más altas del mundo, la universidad sólo ofrece plazas para un 10 % aproximadamente de los alumnos de secundaria; y la Universidad de Helsinki es una de las mejores de Europa."

"La política científica de los últimos 25 años –añade Zamora– ha conseguido poner a nuestro país, en términos generales, a la altura que nos corresponde por nuestro nivel de desarrollo económico y cultural. Lo peor de esta política es que se ha basado excesivamente en el fomento de la investigación en organismos públicos (universidades, CSIC, etc.) y en ciencia básica, dejando demasiado abandonado el fomento de la investigación aplicada por parte de empresas privadas. No quiero decir que tenga que reducirse el esfuerzo en investigación básica, por supuesto, pero tanto el Gobierno como los empresarios deberían hacer un esfuerzo mayor en el otro sentido también."

"Es muy difícil entrar en el CSIC si alguien no tira de ti..."

Buena parte de los que hemos trabajado en proyectos culturales o científicos financiados con dinero público sabemos que éstos eran, hasta hace bien poco, un tabú para la prensa. Los periodistas tienden a sacralizar la cultura y la ciencia, y por pura inseguridad, no suelen adentrarse en esos pantanos con ánimo crítico. Pese a ello, a una entidad tan necesaria como el Instituto Cervantes –que no se dirige a los investigadores, pero los acoge– se le ha desconchado recientemente el barniz con dos noticias que pueden parecer anecdóticas, pero que demuestran la ligereza con la que, en demasiadas ocasiones, se gestiona el dinero de todos.

En un territorio bilingüe, Gibraltar, el Instituto Cervantes abrió una sede en 2011. Pueden visitarla en la segunda planta del Cloister Building, en el 10 de Market Lane. Casi no hace falta aclarar el absurdo que supone esa inversión, que ha de estar exclusivamente destinada a los países donde la enseñanza del español y la difusión de la cultura hispánica requieren esa tutela.

Si además meditamos sobre el presupuesto de esa sede al tiempo que hablamos de diplomacia, puede que las conclusiones aún sean más reveladoras.

Vamos con el segundo ejemplo... Licenciada en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Columbia, Irene Zoe Alameda (Amy Martin) fue columnista de la Fundación Ideas para el Progreso, donde cobraba –¡ahí es nada!– 0,16 euros por palabra (la Fundación estaba dirigida por su ex marido Carlos Mulas, y en 2010, fue subvencionada con 2,25 millones de euros). Alameda también dirigió el Instituto Cervantes de Estocolmo entre septiembre de 2009 y agosto de 2010. Su sueldo superaba los 100.000 euros anuales, pero no estuvo a la altura del puesto. Al cabo de un año, fue destituida por Carmen Caffarel, directora del Cervantes, quien insiste en que su designación sólo se basó en su currículum (Algún día les hablaré sobre estos llamativos procesos selección).

Alameda, que asimismo fue cortometrajista, fundó con su marido Storylines Projects, una productora que, según datos del diario El Mundo, recibió en cuatro años nada menos que 122.000 euros en subvenciones del Ministerio de Cultura.

Irene Zoe Alameda no solo escribió artículos de la Fundación Ideas pagados a 3.000 euros (!) cada uno. Entre 2006 y 2009, fue contratada como investigadora temporal del CSIC. El diario ABC, citando fuentes de este organismo, indica que obtuvo esta plaza como investigadora a través del desaparecido Itinerario Integrado de Inserción Profesional.

En agosto de 2007, Juan Cruz entrevistó para El País a Alameda y al inmunólogo y biólogo Carlos Martínez, presidente del CSIC. Las declaraciones de Alameda producen un cierto sonrojo, sobre todo si tenemos en cuenta lo que llevamos dicho hasta ahora: "En lo que me dedico –le dice ella a Juan Cruz– lo que observo alrededor es una tremenda endogamia... Casi todos los investigadores que estudiamos fuera terminamos volviéndonos fuera. Todavía los que evalúan siguen valorando a la persona de primera mano y se reparten los cupos de entrada. Ése es un problema muy grave y es el mensaje que se da desde la universidad. Las universidades no fomentan la investigación; la carrera docente es bestial. Ningún chaval que vea a sus profesores va a querer imitarlos porque están todos quemados."

¿Doble moral? Espérense, que ahora viene lo mejor.

En un momento dado del diálogo, Carlos Martínez destaca que "por muchos recursos que ponga el sector público, si no se implica el sector privado jamás seremos un país competitivo". Alameda insiste en que "El principal problema es que no conocen el valor de la voluntad; no se premia el mérito, se premia la obediencia". Martínez no está de acuerdo. "¿Crees que para incorporarte al Consejo se premia la obediencia o el adocenamiento?", le pregunta. Y Alameda, con inesperada franqueza, responde: "Desde luego, es muy difícil entrar en el CSIC si alguien no tira de ti..."

Ante casos como éste, la España sectaria, del blanco y el negro, suele apresurarse a poner un apellido político a este tipo de escándalos. Lamentablemente, todos los partidos, de derecha y de izquierda, autonómicos y nacionales, son responsables de proezas igual de lamentables.

He aquí una pregunta procedente: ¿Es Irene Zoe Alameda uncaso excepcional? ¿En qué medida las instituciones culturales e investigadoras están erosionadas por el enchufismo y los favores?

Puestos de libre designación en los que triunfa la amistad. Trabajos mediocres realizados mediante contratos por obra. Proyectos inexistentes o sostenidos con palillos, que luego se justifican por vía administrativa. Concursos públicos tan previsibles como un premio literario... Las sospechas son tan habituales que, en el propio entorno académico e institucional, ya ni hablamos de ellas. Con todo, en el caso del CSIC, la pasmosa confesión de Alameda es muy procedente. "Es muy difícil entrar en el CSIC si alguien no tira de ti..."

Hablamos, por ejemplo, de profesores de Humanidades o de Ciencias Sociales que eligen a los candidatos y los sitúan en el trampolín. Mandarines que no admiten discusión ni pérdida de privilegios, y que se oponen a los dignísimos investigadores que intentan purificar el sistema. Agentes de la endogamia, que no premian los méritos, sino la fidelidad a su logia. Oportunistas que, además, cobran un sueldo como investigadores que no se corresponde con su rendimiento.

Añadamos un detalle final: más de uno de estos pícaros, acostumbrado a los privilegios, figura entre quienes ahora se indignan por los recortes.

El caso de Alameda salió a la luz por dos razones: era pintoresco y servía para azuzar a los medios de comunicación contra el PSOE. Pero a poco que la prensa independiente se adentre en esta jungla, descubrirá que el escándalo tiene todos los colores políticos. Nadie se libra.

Y ahora, piensen en ello por un instante: los recortes, aplicados sensatamente sobre estos focos de corrupción, serían muy convenientes para el ahorro del dinero público, y no afectarían a los verdaderos investigadores. Claro que... ¿quién le pone el cascabel al gato?

Se admiten candidatos. El regeneracionismo en este sector debiera ser una causa adoptada sin discusión por partidos políticos y por la prensa.

Desde los medios de comunicación, no basta con denunciar casos como el deuna Cátedra sobre Homeopatía en la Universidad de Zaragoza, que demuestra cómo las seudociencias contaminan instituciones consagradas a la verdadera ciencia –de nuevo, aquí se advierte el derroche de dinero público–. Hay que llegar más lejos, señalando, desde la prensa, las verdaderas patologías del sistema.

"El problema es cómo se reparte el dinero"

En agosto de 2012, Raquel Benito destacó en El Confidencial el caso de Pablo Jarillo-Herrero, un físico valenciano que trabaja en el MIT (Massachusetts Institute of Technology). A propósito de este joven investigador, Francisco Guinea, físico teórico del Instituto de Ciencias de Material del CSIC, le decía a la periodista: "A mi me cuesta mucho más que al MIT atraer a un joven con talento, pero es cuestión de querer. España debe dejar atrás la endogamia y el enchufismo descarado porque nos está penalizando mucho. Desperdiciamos a jóvenes con una formación excelente porque no son de la casa".

La casa equivale a decir el departamento, o el laboratorio. Guinea añade otro problema, que Benito describe así: "lo que él llama la teoría del pobrecito. Hay muchos catedráticos que durante años pueden publicar sus artículos gracias a la labor de sus becarios, y cuando la universidad tiene una vacante en lugar de hacerse una convocatoria abierta en la que se prime el talento, piensan: Pobrecito, cómo no le vamos a ayudar ahora…"

"Una dinámica –concluye Guinea– por la que se ha promocionado y se sigue promocionando a gente muy mediocre". Luego añade: "Este país, lejos de la percepción general, gasta mucho en investigación, el problema es cómo se reparte el dinero (...) Una universidad española se gasta de media 100.000 euros por catedrático, que tiene que dedicar un tercio de su tiempo a la investigación, por lo que se invierten 30.000 euros en esta actividad”. Sin embargo, el dinero invertido “no da todos los frutos que podría”.

Cuando la política se mezcla con la investigación

En ocasiones, son los políticos quienes impulsan situaciones estrambóticas, por su empeño en confundir investigación con eslóganes identitarios. Recuerden, por citar un caso llamativo, el fraude del yacimiento romano de Veleia, a diez kilómetros de Vitoria, cuyas inscripciones en euskera y latín fueron interpretadas por el arqueólogo Eliseo Gil Zubillaga. La investigación arqueológica de Iruña-Veleia fue patrocinada con entusiasmo por sus obvias implicaciones:

"La gran mentira de los hallazgos de Iruña-Veleia –leemos en El Correo– contó desde sus inicios con el abrazo de los tres principales partidos de Álava: PP, PNV y PSE. Para empezar a entender un fraude tan burdo es preciso remontarse a 2001. El 27 de abril de ese año, doce horas después del arranque de la campaña electoral para los comicios autonómicos, se daba a conocer el mecenazgo de Eusko Tren, empresa dependiente del Gobierno vasco. En presencia del entonces consejero de Transportes y Obras Públicas, Álvaro Amann (PNV), responsables de la sociedad pública ferroviaria firmaron un acuerdo con la empresa de Eliseo Gil -Lurmen S.L.- para aportar 3,7 millones de euros en diez años. En el acto no estuvo presente ningún representante de la Diputación alavesa, (gobernada por PP), administración propietaria del yacimiento. Meses después, el Gobierno vasco y Gil tuvieron que redactar un nuevo convenio para dar cabida a la Diputación."

"Abril de 2007 –continúa la noticia–. Las sospechas de fraude inundan Internet y son la comidilla en la Universidad, pero falta un mes para las elecciones municipales y forales, así que el secretario general del PSE alavés y candidato a diputado general de Álava, Txarli Prieto, anuncia que el Gobierno central destina 200.000 euros al yacimiento dado el «compromiso» de su partido y del Ministerio de Cultura con un proyecto radicado en Iruña de Oca, uno de los pocos municipios de Álava con alcalde socialista."

Sin embargo, la cosa acabó en decepción: "Todo falso. Las inscripciones en euskara, la iconografía cristiana, las palabras en hebreo y los jeroglíficos egipcios hallados en el yacimiento de Iruña Veleia (Álava) son totalmente falsos –así lo escribe Maximiliano Vega Gallego en El Mundo, en 2008–. Las falsedades eran tan palmarias que en algunos casos resultaban cómicas, como por ejemplo la inscripción de los nombres de grandes filósofos clásicos, como Sócrates, Séneca y Virgilio y junto a ellos el del francés Descartes, del siglo XVI, supuestamente escrito por un hombre que vivió entre los siglos III y VI."

¿Qué debemos aprender del yacimiento de marras? Desde luego, ante un garbanzo negro, nadie debería alzar su dedo acusador contra todos los investigadores. Pero está claro que el dinero público, en manos de un político en perpetua campaña, siempre corre el riesgo de ser derrochado alegremente. De ahí que sea tan importante despolitizar todos los organismos destinados a la investigación.

Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero algún día habrá que emprender esa tarea, y mejor hoy que mañana.

Contra el fatalismo, esperanza

Las portadas periodísticas subrayan la emigración de talentos científicos. En realidad, la fuga de cerebros ha sido constante a lo largo de los últimos años, también en los tiempos de bonanza económica. Iniciativas como los contratos Ramón y Cajal fueron solo una excepción en un repertorio de medidas que no ha tenido en cuenta patologías como las que estamos mencionando en este artículo.

Sin embargo, el fatalismo de los medios de comunicación es otro inconveniente más, porque lo que necesitan nuestros científicos es que la sociedad aprenda a juzgar y valorar su tarea. Solo de ese modo, los políticos mantendrán su compromiso, pondremos cerco a la endogamia o el derroche, y se conseguirá que la inversión privada entre en juego.

Hay quien se ocupa de estudiar ese proceso. La Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo), presidida por Ana P. Botín, cuenta entre sus patronos con la Fundación Banesto, la Fundación Santillana, Goldman Sachs International, el Grupo Santander, Havas Media, Indra, IBM e Inditex. Anualmente, prepara un informe que estudia el aporte universitario a nuestro desarrollo colectivo. Una de las claves que en él se abordan es el de la transferencia del conocimiento a las empresas.

En el quinto capítulo de su informe leemos datos esperanzadores: " Según esta base de datos, la producción científica española asciende a 564.212 documentos en el periodo de 12 años entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2011 (datos actualizados el 27 de marzo de 2013), lo que sitúa a España en el décimo puesto de la relación de países con mayor producción a nivel mundial. De acuerdo con dicha fuente, España ocupa la undécima posición en el mundo por número absoluto de citas recibidas. Sin embargo, en el indicador más común utilizado para estimar la calidad media de las publicaciones, el número de citas por documento, y para países con al menos 1.000 documentos publicados en el periodo, España ocupa el puesto número 33, con un valor medio de 10,3 citas por documento. El porcentaje de la producción española con respecto a la mundial ha pasado del 2,28% en 2000 al 3,04% en 2011, lo que supone un crecimiento promedio superior al 33,5%. El peso de España en la producción científica de Europa Occidental ha experimentado un crecimiento aún mayor cercano al 47% y representa ya el 11,06% en el 2011. En términos absolutos España experimenta un incremento de su producción científica visible internacionalmente superior al 155%, lo que supone que sigue creciendo por encima de la media europea y mundial (74% y 91% respectivamente)."

En el informe se advierte que el fuerte descenso de la inversión en I+D, tanto en gastos brutos como en porcentaje del PIB, tiene su efecto en nuestro liderazgo científico. Sin embargo, y esa es la tesis que aquí defendemos, la reconducción de fondos para la investigación podría optimizarse reajustando un sistema caduco, endogámico, en el que suele anidar la corrupción.

Si, como indica la Fundación CYD, el número de empresas surgidas de la universidad, ha decrecido un 15,3% en este último año, podemos pensar que los centros universitarios, lejos de cumplir con su labor, están entorpeciendo el impacto social de la I+D, sobre todo si hablamos de producción y número de empleos.

Hay que reformar las universidades, revisando su modelo de financiación a imagen del que existe en otros países desarrollados, con la consiguiente racionalización de los recursos (El derroche es un insulto al contribuyente y al alumnado con mejores resultados académicos). Conviene asimismo reflexionar muy seriamente sobre la idoneidad de muchas titulaciones de grado y másters. De igual modo, es urgente revisar las becas como fórmula para fomentar la excelencia, al margen de los recursos del alumnado. Solo de ese modo, el talento investigador –el verdadero– podrá aflorar, con el consiguiente beneficio para el conjunto de la sociedad española.

No olvidemos que los primeros alérgicos a la palabra competitividad –interpretada sin demagogia– son esos mandarines universitarios que han elegido a sus acólitos sin pensar en el mérito.

“En España producimos mucha ciencia pero patentamos poco”, señala David Serrano, director de IMDEA Energía de la Universidad Rey Juan Carlos.

En líneas generales, el ecosistema en el que ha de moverse un investigador español es ingrato, innecesariamente caro y demasiadas veces, está contaminado por parásitos o elementos innobles. Por si ello no bastara, su incidencia en nuestro tejido productivo no se hace sentir, porque en nuestro país asociamos automáticamente investigación con administración pública.

Tomemos ejemplo de otras naciones. En Estados Unidos, sería inimaginable que los National Institutes of Health (NIH), que gestionan importantes sumas de inversión pública, fuesen los únicos patrocinadores de los proyectos de investigación médica en ese país.

¿Todo está perdido? Por supuesto que no. Lo repito: contamos con magníficos científicos. Pero el griterío mediático –casi siempre sectario– impide que el votante se entere de lo substancial, y tome decisiones en consecuencia.

Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Reservados todos los derechos.

Imágenes: Antena Aries en el centro astronómico de Yebes (Guadalajara, España). Un investigador del Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular (Larcel) (Saludand. Creative Commons Atribución 2.0 Genérica). Edificio del IIIA-CSIC (Institut D'Investigació en Intel.ligència Artificial - Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en la Universitat Autonòma de Barcelona, en Bellaterra, España (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license). Carteles indicativos de la estación de Ciudad Universitaria (Alxesp. Creative Commons de Atribución/Compartir-Igual 3.0 Unported, 2.5 Genérica, 2.0 Genérica y 1.0 Genérica). Sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, en el nº 22 de la Calle de Valverde de Madrid, en el distrito Centro. El edificio fue proyectado por Juan Antonio Cuervo y construido a fines del siglo XVIII (Luis García. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license). Solar Decathlon 2007, Universidad Politécnica de Madrid (Jeff Kubina, Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 2.0.)

Guzmán Urrero

Tras una etapa profesional en la Agencia EFE, Guzmán Urrero se convirtió en colaborador habitual de las páginas de cultura del diario ABC y de revistas como Cuadernos Hispanoamericanos, Album Letras-Artes y Scherzo.

Como colaborador honorífico de la Universidad Complutense de Madrid, se ocupó del diseño de recursos educativos, una actividad que también realizó en instituciones como el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 

Asimismo, accedió al sector tecnológico como autor en las enciclopedias de Micronet y Microsoft, al tiempo que emprendía una larga trayectoria en el Instituto Cervantes, preparando exposiciones digitales y numerosos proyectos de divulgación sobre temas literarios y artísticos.

Es autor de trece libros (en papel) sobre arte y cultura audiovisual.

En 2006, fundó junto a Javier Sánchez Ventero la revista The CULT, un medio situado en la frontera entre la cultura, las ciencias y las nuevas tecnologías de la información.

Desde 2015, The CULT sirve de plataforma a una iniciativa más amplia, conCiencia Cultural, concebida como una entidad sin ánimo de lucro que promueve el acercamiento entre las humanidades y el saber científico, tanto en el entorno educativo como en el conjunto de la sociedad.

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