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En España, donde todas las culturas ibéricas han crecido a orillas de algún río, es urgente salvar lo poco que queda de bueno en las cuencas, castigadas durante décadas por la contaminación, las especies invasoras y las alteraciones hidrográficas. Nuevas figuras como las reservas naturales fluviales surgen para luchar por la preservación de los escasos ríos vírgenes que aún resisten.

Un estudio de 2016 propone el uso de nuevos índices ecológicos para solucionar uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad: analizar cómo las actividades humanas afectan a la salud de la naturaleza y de qué manera la degradación de los ecosistemas podría modificar la cantidad de recursos y servicios que recibimos. Los investigadores proponen incorporar indicadores basados en el funcionamiento del ecosistema para evaluar la salud de los ríos y mejorar así su conservación.

La primera vez que se reconoció ampliamente que el derecho al agua es un derecho humano fundamental fue apenas en 2002, con el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que firmaron 145 países. Y estos países están obligados a “asegurar progresivamente que todos tengan acceso al agua potable segura, de forma equitativa y sin discriminación”.