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La primera vez que se reconoció ampliamente que el derecho al agua es un derecho humano fundamental fue apenas en 2002, con el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que firmaron 145 países. Y estos países están obligados a “asegurar progresivamente que todos tengan acceso al agua potable segura, de forma equitativa y sin discriminación”.